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Emigrantes españoles sin derecho al voto

, de Olalla Pastor Del Valle

Con motivo de las elecciones generales, más de 36 millones de españoles están llamados a urnas este domingo, de los cuales 2 millones residen en el extranjero. Entre aquellos que han dejado España, el índice de participación electora seguramente no alcanzará más del 5%, en parte, por culpa de los numerosos obstáculos que se han puesto desde la Administración, y también, por culpa de la ley electoral que aplica el Estado. Esta ley, que fue instaurada en 2011 con el acuerdo de los dos partidos mayoritarios, provoca la drástica caída de la participación electoral de los emigrantes españoles desde entonces.

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  • Membre des Jeunes Européens - Strasbourg, rédactrice strasbourgeoise de Café Babel et collaboratrice du magazine El Nuevo Federalista, elle administre les réseaux sociaux du magazine Le Taurillon.

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Una de las consecuencias más notables de la crisis económica que ha golpeado España ha sido el aumento del número de personas, en su mayoría jóvenes, que han tenido que emigrar para encontrar trabajo en otro país. Este flujo migratorio, según el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), corresponde a más de 700.000 personas emigradas en su mayoría en Europa y América Latina. La mayor parte de los emigrantes han terminado estudios superiores y poseen un nivel alto de calificación, con lo que ha sido denominado como “fuga de cerebros” por ciertos analistas.

Una ley electoral liberticida

Desde el principio del proceso, los emigrantes españoles –organizados en colectivos ciudadanos como « Marea Granate » desde 2013, movimiento creado de las mareas de indignados- denuncian la actual ley electoral, reformada en 2011 por el Partido Socialista y mantenida por el gobierno del Partido Popular. Esta ley, contribuye en la práctica a la limitación del derecho a voto para los españoles residentes en el extranjero.

Las cifras hablan por sí solas, en las elecciones anteriores a la reforma de la ley electoral, en especial por la medida del « voto rogado ». Este procedimiento obliga a los ciudadanos a llevar a cabo engorrosas gestiones para solicitar su inscripción en las listas electorales, gestiones sin falta de escombros. Sin estas gestiones, no se puede votar. La tasa de participación electoral de los emigrantes rozaba el 35% antes de la reforma. Tras el cambio legislativo, la participación cae a un 5% de media. La situación ya ha sido denunciada por la OSCE y la Plataforma de Juristas 2MillonesDeVotos que subrayan como los grandes partidos, que hasta ahora han monopolizado la vida política española se han beneficiado de una ley electoral favorable, y no han hecho nada para revocar la situación que priva a casi 2 millones de personas de uno de los derechos fundamentales de toda democracia: el derecho al voto.

El movimiento Marea Granate denuncia

Además, el movimiento Marea Granate ha comprobado los innumerables obstáculos que el Ministerio de Exteriores español pone a los emigrantes en Consulados y Embajadas. Por la falta de información, hacen imposible el acceso a las listas electorales y, en muchas ocasiones, transmiten información errónea sobre los plazos y el procedimiento a seguir. Las listas electorales se cerraron sin previo aviso el 31 de julio, impidiendo la inscripción a numerosos rezagados.

A parte de denunciar las irregularidades del proceso y, viendo que solo el 6% de los emigrantes se han inscrito en las listas electorales de las generales, Marea Granate ha lanzado la campaña « Rescata Mi Voto » como medio para visibilizar la privación de derechos de la que son víctimas les emigrados españoles, haciendo que una persona emigrada pida a un abstencionista en España que vote por ella. Finalmente, varias movilizaciones ciudadanas se convocaron en diferentes ciudades del mundo para denunciar el problema, al mismo tiempo que quieren presionar a los diferentes partidos políticos obligándoles a eliminar esta reforma de la ley electoral tras las elecciones generales del 20 de diciembre. Esta petición se dirige especialmente al Partido Popular y al Partido Socialista, responsables de su aplicación desde 2011.

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